Cuando los archivos deberían ser públicos

Remei Perpinyà Morera

Dra. en Historia, profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la ESAGED

 

Una de las novedades editoriales de la diada de Sant Jordi de 2014 ha sido La desventura de la libertad escrito por el periodista Pedro J. Ramírez sobre la figura de José María Calatrava, que presidió el último gobierno del Trienio Liberal entre los meses de mayo y septiembre de 1823. La traigo a colación porque el libro se ha escrito a partir del archivo personal de Calatrava, que había permanecido ignoto hasta que el mismo Ramírez lo descubrió y compró a la Librería Miguel Miranda, de Madrid, según afirma en La aventura de la Historia (mayo 2014, p. 25).

La pregunta ante el episodio es inevitable: ¿cómo puede ser que el fondo haya permanecido oculto durante dos siglos? y, sobre todo, ¿cómo puede ser que no esté en un archivo público? Según Ramírez, el padre del librero lo compró en una testamentaría y desde entonces permaneció en la librería. Debemos agradecer al periodista que lo haya descubierto y dado a conocer pero ello no quita que su conservación deba ser responsabilidad de los archivos del Estado. Y es que la documentación incluye apuntes y notas de Calatrava y también el manuscrito original del Manifiesto de Fernando VII del 30 de septiembre de 1823.

Este caso no es aislado. En 2009 un coleccionista español compró en Ankara 4.000 documentos pertenecientes al diplomático Marqués de Villalobar (1864-1926), entre los cuales hay parte de la correspondencia oficial entre el embajador y la corona española durante la primera guerra mundial.  Hay asimismo archivos de gran valor que permanecen en manos de las familias, como los de Ramón Serrano Súñer, Miguel Primo de Rivera o Luis Carrero Blanco. Otros se encuentran en fundaciones partidistas como la del dictador Francisco Franco.  Por otra parte, algunos fondos relevantes se conservan en archivos privados como el del presidente de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas que se halla en el Monasterio de Poblet. Finalmente, otros han corrido mejor suerte:  los diarios de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República Española,  permanecieron desconocidos hasta que fueron  adquiridos por el Estado en 2010 y depositados en el Archivo Histórico Nacional.

En definitiva, el caso Calatrava es un despropósito más de una política archivística insuficiente, sino inexistente, de recuperación del patrimonio documental de cargos públicos del cual se debería garantizar su conservación, organización y difusión para cualquiera que lo quiera consultar.

Antonio Gisbert (1835-1902). Retrato de José María Calatrava.1863. Congreso de los Diputados

Antonio Gisbert (1835-1902) – Retrato de José María Calatrava, 1863. Congreso de los Diputados.

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3 comentarios en “Cuando los archivos deberían ser públicos

  1. A mi entender, la reflexión no debe centrarse exclusivamente en relación al acceso o no de los documentos que están bajo tutela privada, si no más bien, sobre qué es lo que ha permitido que lleguen a manos privadas. Lo que es realmente preocupante es la eterna confusión entre documentación privada y pública de los cargos públicos, de ésta y de todas las épocas. La documentación pública debe estar en organismos públicos. Sólo los archivos de titularidad pública garantizan el tratamiento, la custodia y la difusión de los fondos, con total independencia, profesionalidad, y absoluto respeto a las normas vigentes. En cuanto a la documentación privada de personas de trascendencia remarcable o con un peso específico en la historia de un país, aunque nadie niega el derecho a la propiedad privada, sólo faltaría, sería deseable que se conservaran en instituciones públicas que garantizaran la correcta organización y el libre acceso.
    La falta de recursos afecta a todas las actividades de la administración pública, Una correcta política archivística debería hacer posible, por un lado, la recuperación de fondos de interés público y, por otro, evitar que fondos públicos vayan a parar a manos privadas y, por descontado, que los fondos depositados en los archivos públicos puedan ser tratados y puestos a disposición.
    No creo en absoluto que se pueda esgrimir, una pretendida falta de profesionalidad de los archiveros, para justificar que documentos públicos acaben en instituciones o fundaciones privadas.

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    • Sin ánimo de polemizar y si me lo permite, sigo creyendo que sobrevalora lo público, o que ofrece una visión que encierra un cierto maniqueísmo entre lo público y lo privado de la que no participo. Cualquiera conoce magníficos profesionales y centros, tanto públicos como privados; como también se conocen otros no tan buenos en esos dos ámbitos. Por lo anterior, no estoy de acuerdo en que sólo los archivos públicos garanticen el tratamiento, la custodia y la difusión de los fondos con total independencia, profesionalidad y absoluto respeto a las normas vigentes. No es cuestión de señalar, pero me temo que no soy el único que puede relacionar un volumen significativo de centros públicos y privados en los que se garantiza y en los que no se garantiza lo anterior. En este mismo sentido, existen entidades de ambos tipos en las que no se aprecia esa independencia por la carga ideológica que destilan en la adquisición de los fondos, en el metalenguaje que emplean sus profesionales para la descripción de los mismos, en su difusión, o en la selección de fondos o fracciones de estos que se pretenden desclasificar. No debe ser ajeno a lo anterior la presencia de grupos clientelares y de poder o corporativistas, que en realidad defienden sus propios intereses o los de los grupos ideológicos con los que se retroalimentan, y no el patrimonio documental que custodian, la investigación, o los intereses generales, aunque pretendan confundir estos últimos con los primeros. Quiero pensar que son minoría aunque se amplifiquen y pretendan crear opinión tanto en las redes sociales como a través de la prensa.

      En cuanto a aquello en lo que interesa que se centre la reflexión, me quedaría conque a día de hoy el peligro de que el Estado se vea privado de parte de sus fondos por las autoridades o funcionarios que lo sirvieron, debe estar conjurado a partir de 1985 tras la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español que hace imprescriptibles estos documentos (art. 28.3). Disculpe la extensión.

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  2. En mi opinión sobrevalora lo público. El hecho de que documentos que como el fondo que nos ocupa, por su antigüedad forma parte del patrimonio histórico español, se encuentren en manos privadas, no impide su consulta (art. 52.3 de la ley 16/1985 de PHE). La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, y el hecho de que unos documentos se encuentren en un archivo público no significa que estén disponibles. Los archivos públicos tienden a acumular grandes volúmenes documentales, que los abruman; como en algunos casos generaciones de archiveros entendieron su trabajo como una posibilidad para investigar, y no para redactar los inventarios que piden los fondos; como en otros casos las administraciones priorizan otras inversiones y el personal dedicado a redactar esos inventarios es más que insuficiente, el hecho de que un fondo esté en manos públicas no significa que esté disponible. Por cierto, creo que el fondo de la Fundación Nacional Francisco Franco es accesible, no sé si en su propia sede, pero en virtud de dos subvenciones que se le concedieron para digitalizar o microfilmar e inventariar sus documentos, vinieron obligados a entregar copia de los mismos al Ministerio de Cultura, que los depositó en Salamanca.

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