Archivos y crowdsourcing: ¿hacia la precarización laboral 2.0?

Vicenç Ruiz Gómez

Archivero del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona y profesor de la ESAGED

Según las estadísticas de la Generalitat, de 2010 a 2013 el número de trabajadores en los archivos catalanes públicos y privados ha bajado un 14%, mientras que el volumen documental ha crecido un 18%: de 685 a 836 km lineales. Hacer más con menos es también el axioma de la administración archivística estatal: de 2011 a 2013, idéntico descenso porcentual de trabajadores, aunque un aumento mucho menor de volumen (de 416 a 420 kml).

Justo en este contexto -concepto fundamental para nuestra disciplina- de precarización laboral obvia, estamos asistiendo al aumento de proyectos de descripción colaborativa de fondos, a menudo basados en la mera transcripción de documentos digitalizados y, en algún caso, sin visos de control de calidad alguno, que cuentan, no por azar, con todo el apoyo y proyección por parte de los responsables políticos.

Presentar a la ciudadanía la transcripción como principal mecanismo de recuperación de la información lanza, como mínimo, un mensaje equívoco ya que se obvia la potencia de la descripción contextual que conllevaría clasificar y tratar archivísticamente un fondo documental. Porque, sí, hay fondos documentales que no se conciben archivísticamente cuando se tratan mediante diseños intelectuales y plataformas tecnológicas que no permiten la descripción multinivel ni la consecuente herencia de información de los campos compartidos de metadatos. Sólo así se ofrecerá una descripción de calidad y bien estructurada, capaz de enlazar con otros datos realmente significativos y relevantes, evitando ruido informacional para el usuario. Pero, claro, para eso se necesitan partidas económicas suficientes, personal técnico calificado y condiciones laborales dignas.

Ahí está el campo de batalla para los máximos responsables de los centros y para las asociaciones profesionales: invertir un modelo presupuestario que demuestra una insólita capacidad de adaptación a la hora de encontrar partidas para adquisición de según qué fondos estrella y que, en cambio, vive en un letargo invernal inacabable cuando debe adecuarlas al esfuerzo económico que supone la correcta e indispensable clasificación y descripción.

La vinculación de la ciudadanía con el patrimonio documental, pues, no debería buscarse mediante la prestación gratuita de trabajo técnico. Mejor hacerla partícipe, mediante una transparencia real y “a fondo”, del cómo y a qué se deciden y destinan las partidas que sus impuestos generan. ¿Qué administración archivística se atreve a liderar un crowdsourcing sobre definición de prioridades presupuestarias?¿O es que la multitud dispone de mejor criterio paleográfico que político?

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