Franco, primer (y último) Archivero del Reino

Remei Perpinyà Morera

Dra. en Historia, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la ESAGED

LaVanguardia

Hace sesenta años, el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos nombró a Francisco Franco primer Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo del Reino. Le entregó las insignias del Cuerpo en una ceremonia celebrada en el Pardo el 24 de febrero de 1954. El Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas lo justificó por su demostrado “conocimiento detallado y profundo” en el “mantenimiento y conservación de nuestra herencia bibliográfica y documental, el más eficaz testimonio para la apologética de lo hispano, como a su aspecto dinámico de propagación y apostolado cultural que los tiempos exigen”.

Con el acto inició su andadura la comisión del Cuerpo encargada de celebrar su centenario en 1958, de ahí el interés de sus miembros en recabar el apoyo de Franco. Así, el panegírico del entonces director general de Archivos y Bibliotecas, el comandante Francisco Sintes Obrador, enfatizó su labor en pro de los archivos: “Al recuperar el territorio permitisteis recobrar para España la verdad humana y los juicios de Dios que hay encerrados en los archivos y bibliotecas de nuestros palacios, universidades y monasterios, y seguir una honrosa tradición de protección y mecenazgo que siempre recibieron de nuestros jefes de Estado”. Asimismo, recordó las palabras que el “Caudillo” pronunció en Simancas el 24 de septiembre de 1939: “Yo daré todo el apoyo y todo el calor a los archiveros españoles, y también a los investigadores españoles, porque es doloroso que estos tesoros de historia estén muchas veces, en muchas partes, podemos decir que vírgenes para la curiosidad de la intelectualidad de España”.

Más allá de la anécdota

El evento, que mereció la portada de La Vanguardia Española del 25 de febrero, ilustra como los archivos estuvieron literalmente al servicio de la dictadura. En este caso, el franquismo les otorgó la función primordial de fundamentar su interpretación de la historia.

Lo demuestra el archivero Julio Cerdá en Los archivos municipales en la España contemporánea (1997), al advertir que se incrementaron los funcionarios al cargo de los archivos históricos en las dos primeras décadas del régimen, ante el declive de los municipales. Tal medida quería reforzar una visión unitaria y centralista de la custodia del patrimonio.

Por lo demás, Franco no hizo gala de sus supuestas virtudes y contribuyó decisivamente a la pérdida y dispersión de fondos documentales debido, entre otras medidas, a la acción de la Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos, que incautó fondos de las “zonas liberadas”, porque no eran “testimonio para la apologética de lo hispano” y que además sirvieron para condenar a los “desafectos” del régimen.

Sin una ley para consolidar un sistema de archivos deslavazado, el régimen sólo contempló la existencia de los de la administración central y titularidad estatal. De este modo, descuidó los archivos administrativos, los archivos locales (excepto algunos casos con fondos históricos importantes) y los eclesiásticos, mientras el resto no mereció su atención.

La efeméride comentada ilustra las paradojas del régimen: Franco, como archivero mayor del Reino, apenas se preocupó por la política de archivos, mientras pospuso a su muerte la proclamación de un Rey.

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