Póngame datos de calidad, por favor.

Joan Soler Jiménez

Director del Arxiu Històric de Terrassa y profesor de ESAGED

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Desde que la ley de transparencia catalana se ha puesto en marcha y ha puesto en fila a todas las administraciones públicas para cumplir con sus requisitos, se ha puesto de manifiesto el problema de fondo que estas no resuelven desde hace ya demasiado tiempo. Éste es el de la organización integral de su información. Tristemente, en este aspecto, la administración se suele centrar en sí misma y no en el ciudadano.

La cuestión de dónde reside la información es de aquellos problemas importantes, pero no urgentes. Paradigmas como el de la ventanilla única o el de la oficina sin papeles debían resolver esta demora, pero sólo han permitido destinar muchos recursos a la consultoría, sin hacerlo para soluciones prácticas definitivas. Éste es un pecado original que pervive en la mayoría de administraciones, mejor o peor, pero sin una resolución integral. Sí, las administraciones se han puesto en fila, pero no queremos que una vez más el dinero de la “transparencia” vaya a parar a consultorías y basta. Esta vez queremos retorno.

La nueva ley se llama de transparencia, pero también de acceso a la información. Conviene recordar este elemento, que es crucial y el verdadero factor a resolver. La transparencia es una actitud proactiva, sí, pero el acceso a la información a partir de sistemas de reutilización es el objetivo a alcanzar. ¿Qué método utilizar? ¿Cómo hacerlo? La ley dispone de un artículo que ha pasado desapercibido pero que nos da la clave para poder domesticar la bestia. Hablo del artículo 6.1.d). En él se dice que la información se organizará por temas siguiendo “el cuadro de clasificación comparativo – si se dispone”. El artículo está escrito de manera lamentable. En primer lugar los cuadros de clasificación son corporativos, es decir, pertinentes a la organización, y no se comparan con nada. Típico error de aquel legislador que no sabe lo que hace y que copia las notas sin revisarlas. En segundo lugar, poner en una ley marco un elemento discrecional como el -si se dispone- me parece un absurdo total. Y es que cuadro de clasificación se debe tener sí o sí, es un requisito indispensable a la luz de la ley de archivos y gestión documental del año 2001, y se ha dispuesto de quince años para que las administraciones catalanas hayan creado ya este instrumento. ¿No lo han hecho? Pues entonces han incumplido flagrantemente la ley y han perdido la oportunidad de disponer del auténtico eje que permite poner en práctica un sistema de gestión documental que favorezca una reutilización real de la información pública.

Por suerte algo cambiará ahora, dado que el foco legislativo se ha puesto en el ciudadano. Y ya era hora. Hasta ahora la reorganización, como decimos mal resuelta, era una obligación de la administración que ha ido demorando. Ahora tiene que ponerse las pilas y empezar por dotarse de este instrumento, si no se dispone, dado que el ciudadano querrá empezar a saber. Éste, sin embargo, necesitará recibir formación específica, porque a estas alturas son pocos los ciudadanos que conocen que tienen este derecho efectivo. ¿Qué campaña se ha hecho a nivel institucional para informar a los ciudadanos qué pueden consultar, qué pueden solicitar, cómo lo pueden hacer y qué información tienen a su disposición? Ninguna. Y no se ha hecho porque el back-office de muchas organizaciones públicas, la sala de máquinas, da miedo a los políticos. Miedo de verdad. La falta de apuesta política para favorecer el cumplimiento de la ley de archivos y gestión documental de los últimos años ha cogido a muchos en pelotas (con perdón). ¿Qué hacer ahora? ¿Todos a correr para tener un cuadro de clasificación? ¿Todos a correr para cumplir con la ley de transparencia en los plazos ajustados mientras hemos estado quince años a verlas venir? Pues sí, ahora toca espabilar.

Por suerte los archivos han avanzado mucho trabajo y en la mayoría de administraciones medianas y grandes ya se dispone. Ésto permitirá que ahora, los nuevos portales de transparencia puedan ser desarrollados como verdaderos portales de acceso a la información pública. En este rediseño deberían participar diferentes agentes como tecnólogos, gestores documentales, expertos en organización y juristas (por favor, que se abstengan los gurús en la materia). Pero también deberían participar ciudadanos. ¿O es que los principales beneficiarios de la ley no tienen derecho a decidir qué información se puede solicitar y cómo la quieren tener y disponer? El trabajo en equipo permitirá abrir de par en par las administraciones, permitirá que toda la información se vincule realmente con sus fuentes originales. Y es que es éste el espíritu y la letra de la ley de transparencia, no reorganizar la información de los portales de manera ordenada, sino permitir que con el cuadro de clasificación podamos entrar a ver la fuente original, auténtica y fiable, entrar allí donde nace la información y el dato de calidad.

Todo esto los archiveros lo hemos defendido durante la elaboración de la ley. Se nos ha hecho el típico caso de aquel que no entiende demasiado qué se le está contando. No se nos ha dado confianza. Pero ahora los hechos ratifican lo que hemos advertido persistentemente. La nueva ley provocará cambios en la organización, quizás lo más curioso será la unificación de los servicios de archivo administrativo e histórico en una sola estructura orgánica. Esta sugerencia la estamos haciendo en el ámbito local y en la Generalitat desde hace años. En los lugares donde esto funcione, el acceso a la información saldrá muy potenciado. Para lograr datos de calidad, es decir, datos que satisfagan por su riqueza informativa, que pueden ser reutilizados, tratados, revisados, criticados, evaluados, que permitan alcanzar los objetivos del usuario potencial, del ciudadano, que tengan un original claro y localizable que permita concretar su veracidad, etcétera, para ello hay que afrontar de manera valiente la reorganización interna de muchas administraciones. Todo apunta a que se acabarán creando departamentos de gestión de la información más sólidos que los que hay ahora. Esto es, en todo caso, lo que debería pasar y lo que los ciudadanos deberían reclamar.

Reclamar, sí. Y lo que los ciudadanos deberían denunciar, ya desde ahora mismo, es la inflación que se está generando a nivel de supraestructura. De momento, muchas administraciones han entendido la transparencia como la oportunidad de crear una comisión informativa de control de perfil político, una comisión de altos cargos de supervisión, una comisión técnica de análisis funcional de implantación de la ley, distintas unidades de información y jefes responsables de responder a las solicitudes de acceso a la información pública, entre otras instancias burocráticas entrañables. Mientras todas estas comisiones y unidades se reúnen, los servicios de archivos continúan ofreciendo acceso a la información pública como llevan haciendo desde hace años. Parece mentira que ahora muchos se crean que esto del acceso es algo nuevo y que su solución sea construir más y más burocracia alrededor. Más que mentira es una vergüenza.

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