El acceso a los expedientes en trámite (2)

Carles San José i Amat

Profesor de la asignatura “Acceso a la documentación. Protección de datos” del Máster en Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED-UAB)

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En mi anterior entrada en el blog me refería al derecho de acceso a los expedientes en trámite por parte de quienes no tienen la condición de interesado en dicho procedimiento, cuestión que a mi entender resulta controvertida. Al respecto, exponía algunos argumentos que avalarían dicho derecho, y oponía frente a ello otros argumentos que -a mi entender- permitirían concluir que el derecho de acceso no puede ejercerse respecto a expedientes en trámite en los que no se es interesado.

En aquella entrada me limitaba a enumerar dichos argumentos, y me comprometía a desarrollarlos posteriormente, lo que haré a continuación, aunque nuevamente por razones de espacio no puedo desarrollarlos todos, así que me centraré en el primero y el último de los argumentos avanzados, ambos conectados entre sí.

La eventual equiparación entre interesados y no-interesados en cuanto al acceso a expedientes en trámite, no casa bien con las finalidades esenciales del procedimiento administrativo, y la consiguiente posición privilegiada que ocupa la persona interesada. Así, el procedimiento constituye una garantía para los derechos de participación y defensa de las personas interesadas (art. 105.c CE), además de operar también como una garantía de eficacia y acierto de la decisión administrativa, lo que a su vez asegura la satisfacción del interés público (art. 103 CE).

En consecuencia, no parece razonable permitir la interferencia del no-interesado cuando están en juego determinados intereses o derechos del interesado, y además, cuando la Administración no ha decidido todavía al respecto, detalle este último que adquiere gran relevancia, puesto que impide apreciar aquí la finalidad principal de la transparencia -en su vertiente de acceso a los expedientes-, que no es otra que la de permitir a cualquier persona escrutar las decisiones adoptadas, y es evidente que no existe decisión cuando no se ha dictado aún la resolución que finaliza el procedimiento.

Con lo anterior no cuestiono la formidable importancia que puede tener la participación ciudadana en determinados procesos de toma de decisiones, antes de que éstas sean adoptadas. Pero para esos casos (elaboración de disposiciones generales y también actos administrativos en determinados ámbitos), el ordenamiento ya ha previsto expresamente dicha participación ciudadana, por ejemplo mediante el trámite de información pública.

En definitiva, que parece indispensable que el CTBG se pronuncie con claridad sobre este asunto. Lástima que no haya aprovechado para hacerlo en el criterio interpretativo de 12/11/2015 publicado en su web, sobre la Disposición adicional 1ª de la Ley 19/2013, relativa a las regulaciones especiales del derecho de acceso. El CTBG se refiere únicamente a los apartados 2 y 3 de dicha Disposición, pero guarda un silencio ensordecedor sobre el apartado 1, que a mi entender es el más controvertido.

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2 comentarios en “El acceso a los expedientes en trámite (2)

  1. Buenas tardes,

    Creo que tanto la entrada anterior como ésta tratan un tema muy importante y estoy totalmente de acuerdo en la necesidad expresada de que el CTBG se pronuncie de una forma clara sobre ella.

    En relación a los argumentos expresados en contra del acceso de los no interesados a los expedientes en trámite (bien expuestos y razonados), creo que no han de ser determinantes a la hora de realizar ese pronunciamiento.

    Considero que permitiendo el acceso de los no interesados al expediente en trámite no se produce una equiparación interesado=no interesado por cuanto:

    a) El acceso del interesado es automático mientras que el del no interesado se articula por la Ley 19/2013 de transparencia, susceptible de ser denegado o aceptado de forma parcial (en ambos casos siempre aplicando la LOPD).
    b) El acceso del no interesado no le permite interferir en el procedimiento administrativo puesto que no le convierte en interesado. Es decir, no podrá interponer recursos ni presentar alegaciones. Caso distinto (como bien se señala) es el del ejercitante de la acción pública (por ejemplo en Urbanismo) en cuyo caso sí adquiere la misma capacidad de un interesado (salvo el reconocimiento, según TS, de situaciones jurídicas individualizadas).

    Resumiendo, creo que el control quivis ex populo que pretende la Ley 19/2013 debe prevalecer sobre los argumentos expuestos en el post y, por tanto, permitir el acceso a los expedientes en trámite a los no interesados.

    Un saludo,
    Alfredo

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