Refugiados, top-manta y el poder de los archivos

 

Vicenç Ruiz Gómez

Archivero del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona y profesor de la ESAGED

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Vegetable workers, migrants, waiting after work to be paid. Near Homestead, Florida (1939) Photographer: Marion Post Wolcott

Coincidiendo con el cambio de año, dos noticias sobre destrucción de documentos llamaron mi atención. La primera: las autoridades jordanas despojaban de los certificados de ACNUR a refugiados sudaneses para poderlos repatriar. La segunda: en Barcelona, desde twitter se alertaba de que la policía rompía los carnets de miembros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, tal como posteriormente ha recogido la prensa.

En el primer caso los refugiados reaccionaron copiando en móviles los certificados de manera preventiva. Generaron un archivo de meras fotografías digitales, sin valor legal, como medio para evidenciar la condición jurídica que un documento oficial y reconocido les otorgaba antes de ser destruido. En el segundo caso, los manteros han generado un archivo para legitimar una condición jurídica que ningún documento oficial les reconoce. Desde la subalternidad de ambas “pequeñas comunidades”, situadas en los márgenes de “grandes comunidades” que las engloban, se alcanza un alto grado de conciencia archivística, no por azar (esa vía que esperamos sirva para nuestras administraciones), sino por voluntad y necesidad.

Los refugiados en Jordania crean esta conciencia para no perder derechos, mientras que los migrantes que trabajan como manteros en Barcelona la crean para ganarlos. Ambos recurren al archivo, pues, como fuente de justicia social. Sea desde su valor como evidencia de una legalidad establecida o sea desde su valor como identidad de una legitimidad común. Ese es el poder de los archivos: los documentos no son un simple reflejo del marco normativo, de hecho, pueden transformarlo.

La destrucción de documentos, por tanto, tiene más que ver con la inseguridad de quien ejerce y custodia el poder que con su impunidad. Sobre todo, cuando se elimina un documento aparentemente sin valor jurídico alguno. Sea la copia del móvil del refugiado o sea el carnet del mantero, el peligro es que ambos actúan como semilla de cambio de la legalidad al reivindicar públicamente la legitimidad de un colectivo considerado ilegal, suponiendo así un desafío a la relación de fuerzas sociales, económicas y políticas de la cual el orden jurídico establecido, ese sí, es un reflejo. Un reflejo que, bajo la apariencia habitual de inmutabilidad de las leyes, quiere precisamente abortar cualquier intento de cambio. El supremacismo jurídico, pues, es la gran coartada de los defensores y beneficiados del statu quo.

Aún así, quien insista en él como guía esencial para continuar identificando lo ilegal con lo ilegítimo, que se deje conducir al menos una vez por la pista archivística: ¿qué actividad ilegal busca conscientemente dejar evidencia documental de su existencia? ¿Os imagináis un carnet similar para los miembros de la trama Púnica, la Gürtel, los ERE o el Cas Palau? Un carnet que no sea de partido, quiero decir.

 

Imagen (http://photogrammar.yale.edu/records/index.php?record=fsa1998013080/PP)

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