Archivos y Corrupción

Lorenzo Pérez Sarrión

Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Gandia

Ciutat-Justicia-Valencia

Sin juzgados no se impartiría justicia. Pero las actuaciones judiciales se basan en documentos. Y cuando instruyen, encausan, juzgan y sentencian, lo hacen siempre sobre ellos. Alguien debe asegurar que esos “papeles” sigan estando donde tienen que estar, el tiempo que sea necesario, que los documentos que se conservan son originales y fehacientes, y que están localizados para su examen o consulta.

En efecto: sin archivos y gestión documental no perdurarían en el tiempo las evidencias que acreditan la actividad de las administraciones públicas, verificando que en cada caso lo ha sido siguiendo el procedimiento legalmente establecido, si se han respetado los informes preceptivos, técnicos, económicos, jurídicos, etc. De poco sirve en un ayuntamiento que el Secretario haya advertido de la ilegalidad de una contratación administrativa, o que el Interventor haya fiscalizado negativamente una determinada subvención, si éstos no constan en los archivos municipales.

Sin archivos, tampoco hay justicia. Todos sabemos los “tempos” con que actúa la justicia. La prensa diaria así lo revela. No son especulaciones. Si esos documentos no son adecuadamente preservados, garantizado su acceso y recuperación, en cualquier momento, a petición de la autoridad judicial competente, o de las fuerzas de seguridad a ésta adscritas, o de la Fiscalía, ya sea en su fase instructora o en la de enjuiciamiento, se imposibilita al poder jurisdiccional la depuración de responsabilidades. Aunque la función archivística tampoco parece prioritaria para ningún gobierno.

La actual transformación digital también afecta a la gestión documental y a su exigible y adecuada conservación. Debe compatibilizarse tecnología con gestión documental. Porque la ley 39/2015 así lo exige y resulta preciso para que el poder judicial actúe, también con garantías, en el control de los comportamientos de cualquier servidor público –autoridad política o empleado público– cuando ejercita, por uno u otro título, potestades o funciones públicas.

Procede reivindicar la función de servicio público que también en el ámbito judicial se lleva a cabo por los Archivos Públicos. Se imponen, pues, rigor y método en esa trascendental función de los archivos en el mantenimiento de una actividad administrativa pública ajustada a la Constitución y las Leyes, tanto desde el tradicional formato papel como, en mayor medida, en los soportes electrónicos.

Sin jueces no hay justicia. Tampoco sin archivos y una gestión documental eficaz y eficiente.

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