Reconciliación, verdad y valoración documental

Vicenç Ruiz Gómez

Archivero del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona y profesor de ESAGED

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Separar a niños de su ámbito familiar y social. Prohibirles el uso de su lengua materna y costumbres. Encerrarlos durante años en escuelas religiosas al margen del sistema de educación. Abusar psicológicamente, físicamente e, incluso, sexualmente de ellos. Podríamos pensar que se trata de prácticas sólo achacables a sectas de iluminados o a dictaduras totalitarias. En realidad, se han producido durante décadas en tres de las democracias más avanzadas del mundo: Australia, Canadá y Estados Unidos. Tres referentes, también, de la archivística.

El sistema de asimilación forzosa sobre los pueblos indígenas que desde mitad de siglo XIX fue impulsado en Estados Unidos tuvo sus réplicas tanto en Canadá como en Australia. La alteridad siempre ha casado mal con el estado-nación burgués creado en Europa a finales del siglo XVIII, basado en una igualdad que nunca se ha entendido como garantía de respeto a la diversidad de identidades, sino de imposición de una de ellas. Por eso, los grupos considerados “extraños” han sido objeto de múltiples injusticias amparadas y potenciadas por los respectivos órdenes constitucionales vigentes, como si los derechos humanos no fueran con ellos.

Hace apenas un mes, el Tribunal de Apelación de Ontario falló que durante los próximos quince años cada uno de los 38.000 supervivientes del sistema de escuelas residenciales (el sistema forzoso de escolarización de especial vigencia entre 1871 y 1969) que declararon en la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada el 2007, tenga derecho a eliminar sus testimonios y pruebas antes de que se conserven de manera definitiva en un archivo público. Eso, a pesar de que el gobierno federal insistiera en que los documentos eran propiedad suya ya que se habían generado en el marco de la Comisión, de que la Iglesia Católica sostuviera que tenía derecho a veto (la mayor parte de escuelas fueron gestionadas por esta institución, la única por cierto que aún no ha pedido perdón formalmente), o de que quien fuera presidente de la Comisión alertara sobre el peligro de “perder la memoria histórica”.

El tribunal, por el contrario, entiende que prima el derecho a la privacidad de los supervivientes, incluso después de fallecidos, y los considera titulares de esa documentación y únicos responsables sobre su preservación o no: “dar a los supervivientes, no a Canadá ni a nadie más, el control de sus propias historias”. Sin duda, es una forma directa y radical de retornar el poder del archivo a la gente, que ni el archivero postmoderno más osado propondría. O sí.

En todo caso, pone de manifiesto la necesidad de contar con un paradigma archivístico inclusivo, que entienda la valoración documental (en sus dos binomios básicos: acceso/reserva y eliminación/preservación) como un proceso político y cívico. Un proceso que debe fundamentarse en los saberes técnicos adecuados, por supuesto, pero que no puede desarrollarse al margen de la ciudadanía. Obviamente, también pone de manifiesto la distancia sideral en la que nos encontramos respecto a justicia y reparación institucional de víctimas (fosas comunes, “papeles de Salamanca”, terrorismo, niños robados, etc.) y el lamentable relato mediático predominante que siempre obvia la perspectiva archivística sobre la documentación vinculada. Pero eso ya sería objeto de otro post.

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Un comentario en “Reconciliación, verdad y valoración documental

  1. Muy oportuno recordatorio y reflexión para el debate, desde la propia perspectiva técnica del valor de la archivística no como algo valioso por sí mismo -que también- sino como instrumento fidedigno al servicio de las personas y la sociedad en que se integran.

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