El secreto mejor guardado

Vicenç Ruiz Gómez

Archivero del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona y profesor de ESAGED

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Hace un par de semanas el Congreso de los Diputados, a instancias del PNV, aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de secretos oficiales. Se inicia así el trámite parlamentario para su esperada reforma. Destaca el establecimiento de un período de reserva de 10, 25 y 35 años en función del grado de secreto que imponga el Consejo de Ministros. Parece que se pondrá fin a la anomalía del “secreto eterno”, herencia franquista que, a juzgar por los cuarenta años transcurridos, la democracia española había tolerado sin excesivo problema.

Pero, ¿hasta qué punto decretar un plazo máximo de reserva contribuye a poner fin a la opacidad gubernamental? De la misma manera que se permite al poder dotarse de esa zona de confort temporal, ¿no deberíamos dotar también a la ciudadanía de mecanismos de control que garanticen la correcta aplicación de la ley de secretos oficiales? Es tremendamente significativo que la proposición sólo prevea en aras “de seguridad jurídica y garantía a los ciudadanos” la “necesidad de notificar a los medios de información” sobre qué materia se clasifica como secreta o reservada. El Legislador, obviamente, tiene en mente su (presunta) principal amenaza: las filtraciones. Por el contrario, ni una palabra sobre los diversos instrumentos que permitirían un escrutinio universal, igualitario y en tiempo real de cómo el gobierno gestiona esa información: cuadros y códigos de clasificación de los ministerios, registros de eliminación, cuadros de acceso y seguridad, tablas de valoración documental, que incluyan obviamente el régimen de acceso, etc. En suma, ni una palabra sobre gestión documental. Ni una palabra sobre el papel que debería jugar la estructura archivística como garantía presente de la rendición de cuentas política futura.

De poco servirá establecer un plazo de reserva determinado, si no se garantiza la generación continua de evidencias fiables sobre la gestión de la información pública considerada secreta durante todo ese período. Como profesionales, no debemos callar ante el mero maquillaje legal. El carácter epidérmico de la reforma de la ley, como ya sucediera en el caso de la transparencia, no es una buena noticia para el conjunto de la ciudadanía ni para su proceso de descolonización que el paradigma de gobierno abierto debía suponer: la reapropiación del poder político a través de la relación directa con la información pública sigue aún en un estadio muy inicial. Que el Legislador no explicite el rol del archivo (y aquí incluyo también los programas de vigilancia masiva) en esta ley no significa que lo ignore, sino que lo sigue entendiendo como una tecnología de dominio, como una potestad natural que no debe compartir con la ciudadanía. Y ese es el mayor secreto oficial que debería ser desclasificado.

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Un comentario en “El secreto mejor guardado

  1. Totalmente de acuerdo. Vivimos en un mundo de apariencias, conveniencias y connivencias. Las políticas de escaparate no resisten “la prueba del algodón”. Por ello, cada ámbito de conocimiento no puede girar la cabeza ante cada nueva evidencia y “mirar hacia otro lado”.
    O nos ocupamos de la realidad o ésta nos pasará -una vez más- por encima. Un bucle diabólico, una patología evitable.

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