Derecho a la buena Administración

Joan Carles Faus Mascarell

Archivo Municipal Administrativo de Gandia

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¿Empezamos año nuevo con viejos anhelos? No, es mucho más que eso. De hecho, extraigo el título del reciente Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana (artículo 35). Pienso que la sociedad digital no persigue renovar esta legítima aspiración, pretende mudarla en derecho de las personas. Los profundos cambios sociales con la revolución tecnológica también son de carácter cultural y de legitimación política. Tendemos a novedosos modelos de gobernanza para sustituir clásicas fórmulas de gobierno, unidireccionales y jerárquicas. Un matiz sustancial, puesto que la ciudadanía ha de ser parte y juez de la buena administración.

Sin más, la desafección actual hacía las Instituciones proviene del conocimiento de los casos de corrupción, pero también del bajo rendimiento que se percibe, en términos de eficiencia, de muchos gobiernos y administraciones públicas. Andamos atareados ahora mismo con la transparencia, y tal vez no enfocamos lo suficiente para intentar hacer las cosas mejor, diferentes, bien. El sentido de la gobernanza pública debe romper estas desavenencias. Pues sí, ¡tenemos derecho a una buena Administración! No esperamos una Administración (solo) incrementalmente cada vez más electrónica, sino disruptiva por la tecnología, radicalmente distinta. Sencilla, práctica, amigable, confiable. Menos gris a la vez que menos oscura. No utilicemos la tecnología digital para hacer lo mismo que venimos haciendo, más rápido y a veces con menor coste (que no está nada mal). Repensamos poco, no rediseñamos nada. No hay ningún incremento sustancial en nuestra productividad. Perdemos confianza día tras día por desatender las experiencias de nuestros usuarios/ciudadanos, por desoír sus expectativas.

Necesitamos re-construir una Administración de abajo-arriba (bottom-up) para generar valor social y empezar a percibir –todos, todas, incluso los menos digitales– que vivimos en un mundo diferente, distinto. Nos falta trabajo de campo o, mejor dicho, experimentación empírica (callejear, en el mejor sentido de la palabra) para sacar el máximo rendimiento a los recursos tic. Incorporar la socialización contemporánea y comprometernos en la transformación. Reducir mensajes y promesas sin ponerlos por escrito, sin sistemas de evaluación y seguimiento; sobran aludes de datos sin rendición de cuentas. Y la tarea nos compete significativamente.

Yes, we can… con una gestión de documentos apropiada como columna vertebral del Gobierno abierto. Lo reconoció en 2011 el propio presidente Obama, tras su primer y más famoso memorándum. Más que eDocumentar hay que Redocumentar la buena administración, acompasar los procesos de gestión digitales con el rediseño de la producción documental. Documentar la actividad pública no puede ser una carga, la excusa para dejar de evidenciar cualitativamente la gestión pública (art. 70.4 de la Ley 39/2015). No permitamos archivos laxos en gobiernos de datos abiertos. Paralelas a la digitalización, urgen “auditorías” de gestión documental tendentes a facilitar el cumplimiento efectivo de las Leyes 39 y 40/2015, pero sobre todo para lograr mayor eficiencia operativa. Pongámoslo negro sobre blanco, y que sea una estrategia corporativa.

Recojo en este punto el post de Ramón Aguilera, para reivindicar nuestra doble visión, coparticipando en los procesos de negocio, la productividad y la transformación digital, y mediando con la ciudadanía para su re-construcción democrática. Hagamos las cosas bien; dejemos de utilizar el nombre del archivo en vano. La planificación inteligente de datos públicos, lejos de urgencias, debería trazarse con una perspectiva global e hipercompartida y desde el rediseño de la producción veraz de la información. Dejemos de lado “el papeleo”. Pero apostemos por el liderazgo de la Administración y el papel clave que van a jugar las Entidades Locales y sus archiveros para cimentar el inventario social de información y conocimiento como motor de desarrollo y progreso. Tan importante, o más, que la apertura de un gobierno ha de ser su calidad. Sí a una buena Administración.

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2 comentarios en “Derecho a la buena Administración

  1. Comparto plenamente la defensa de la res-pública a la que profesionalmente nos corresponde servir por nuestra condición de empleados públicos. Y es necesario recordarlo ahora más que nunca, al socaire de las privatizaciones de corte blanda, casi por omisión, que implica el no hacer nada ante el más que evidente (e-vidente?) envejecimiento y retiro de las plantillas de personal de las administraciones públicas.
    Para garantizar el derecho a una buena administración debe darse la premisa: que haya administración (o algo reconocible como tal), y ello requiere -también- representación política.
    Y el tiempo verbal adecuado para trabajar en esa línea es, efectivamente, la primera persona del plural. Aquí no sirven las fórmulas impersonales o el “…habría que…”
    La cosa (res) pública está difícil en los tiempos que vivimos. Reconocer el problema en su diagnóstico y análisis ya es un principio de solución. Y en ello estamos…
    Pero nadie dijo que iba a resultar fácil.
    Gracias por reflexionar sobre ello, Joan Carles.

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  2. Todos los “servidores públicos” debemos recuperar y ser conscientes de la vocación de SERVICIO que debe primar en todo tipo de organizaciones, públicas y privadas.

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