Donald Trump: el gobierno abierto va desnudo

Vicenç Ruiz Gómez

Archivero del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona y profesor de ESAGED

opengovernment

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Si hay que buscar un efecto positivo en los primeros días de mandato del nuevo presidente de los Estados Unidos de América, quizás sea el hecho de que, como aquel niño del cuento que popularizó Hans Christian Andersen, ha evidenciado lo que la mayoría parecía no querer entender: que el gobierno abierto va desnudo.

Recordemos la historia. Un rey cuya máxima preocupación era la apariencia es embaucado por unos sastres que le diseñan un traje tan especial que sólo podían verlo aquellos que tenían las aptitudes y el talento necesarios. Obviamente, el rey acabó paseándose sin ningún traje, pero nadie osaba decirlo por miedo a ser considerado estúpido, hasta que un niño, en su inocencia, gritó en público que el rey iba desnudo. Pues bien, Donald Trump viene a ser una versión distópica y hardcore de esta fábula.

Como ya se ha denunciado, en la nueva web de la Casa Blanca es imposible encontrar ningún resultado sobre gobierno abierto o sobre open data. En paralelo, el presidente ha prohibido que la Agencia de Protección del Medioambiente ofrezca información alguna a los medios de comunicación. De un plumazo, en concreto del plumazo con el que firma los decretos presidenciales, ha envuelto en un halo de opacidad el que había sido uno de los planes para la transparencia y participación ciudadana más ambiciosos del mundo.

Por suerte, en ese plan se había involucrado de manera estratégica y activa la estructura archivística del país. En el mes de febrero de 2016, los NARA licitaron una oferta para disponer de la tecnología necesaria para archivar redes sociales que ayudara a preservar el material generado por el conjunto de agencias gubernamentales. Gracias a este tipo de iniciativas, disponemos hoy del archivo Obama (aunque muchos de los enlaces estén rotos). Es más, el pasado 27 de enero, los NARA publicaron muy sutilmente un post en su blog en el que recuerdan que los contenidos de redes sociales y mails no pueden eliminarse sin la correspondiente propuesta de valoración ya que, de entrada, se entienden como documentos públicos (“federal records”). Enlazan además con las guías de buenas prácticas que tienen elaboradas para esta finalidad.

Sólo la previa integración de la “perspectiva archivística” (incluida la de la sociedad civil norteamericana) está evitando que la obra de gobierno abierto de Obama, cuando aún no han pasado tres semanas de su final de mandato, sea hoy un recuerdo. Si contrariamente, como sucede en nuestro país, la publicidad activa se sigue desentendiendo de la gestión documental o si, empezando por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se niega el carácter de información pública a la documentación de archivo al entender que su régimen de acceso viene dado por la ley de patrimonio y no la de transparencia, podemos estar seguros de que tan pronto como cambien los (leves) vientos de obertura y rendición de cuentas, la ciudadanía encontrará como única respuesta a su derecho de fiscalizar lo público un Error 404.

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