El escándalo de los secretos de estado que custodia la fundación dedicada a Franco

Remei Perpinyà Morera

Dra. en Historia, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la ESAGED

FNFF

El Gobierno de Mariano Rajoy ha reconocido que la Fundación Nacional Francisco Franco [FNFF] posee documentos secretos del Estado. El tema afloró públicamente cuando el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, a través de su portavoz Alberto Garzón, presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta no de ley (de 23 de diciembre de 2016) sobre el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. En ella instó al Gobierno, por una parte, a tomar medidas oportunas para trasladar la documentación no estrictamente personal de la mencionada Fundación a los archivos públicos correspondientes; por otra parte, a cerrar cautelarmente el acceso público a la entidad hasta recuperar los documentos públicos clasificados. En la exposición de motivos se detalla que, vista la documentación digitalizada y depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica como consecuencia de las subvenciones públicas otorgadas a la Fundación en el año 2000, muchos de los documentos están clasificados como secretos.

 

UNOS DOCUMENTOS SECRETOS DE NOTABLE INTERÉS PARA LOS HISTORIADORES

¿Pero qué contienen tales materiales? Si nos atenemos a un informe accesible on-line del semanario Tiempo (5/V/2017), presentan numerosos datos útiles para historiadores en diversos ámbitos y que podrían afinar algunas perspectivas ya trazadas sobre el régimen o eventualmente conocer mejor cómo se construyó el patrimonio de la familia Franco. A continuación hemos reproducido un fragmento del artículo cuya lectura aconsejamos a los interesados en el tema:

Los documentos secretos abarcan desde la Guerra Civil a la muerte de Franco, en 1975. […] En plena Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se alerta de “la presencia en nuestra frontera de 120 cañones alemanes de gran calibre” o también de la “persecución y detención de pistoleros rojos españoles” en Portugal, país regido por el régimen dictatorial de Salazar, según la frase literal que aparece en el informe. Las informaciones clasificadas como secretas de la Comisaría General de Información tratan, por ejemplo, del estraperlo, la “situación social” analizada provincia por provincia o el espionaje inglés en el Campo de Gibraltar”. […] Entre ella, este servicio de información del Gobierno [la Comisaría General de Información] le daba cuenta en documentos secretos de operaciones empresariales. Un ejemplo llamativo es cuando adelanta al dictador que se va a producir una operación de bolsa de la empresa Saltos del Sil para modificar artificialmente el precio de sus acciones en el parqué. Franco contaba con este tipo de informaciones y, curiosamente, entre los documentos aflora años después que él y su esposa, Carmen Polo, tenían acciones de esta empresa.

En respuesta a dicha proposición, el ejecutivo de Mariano Rajoy afirma que después de analizar los documentos ha adoptado las medidas oportunas para retirar de la consulta pública aquellos que están afectados por la normativa de secretos oficiales. Las medidas se limitan a remitir desde la Secretaría de Estado de Cultura una carta a la Fundación solicitando la retirada de dicha documentación del acceso público.

 

UN CÚMULO DE DESPROPÓSITOS

Los numerosos despropósitos que confluyen en el caso expuesto desde una perspectiva archivística es notable. A continuación señalamos los que consideramos más destacados.

En primer lugar, constatamos una vez más un problema harto conocido: una fundación privada conserva documentos que abarcan un período histórico que comprende más de cuatro décadas que son de titularidad pública, algunos de ellos clasificados como secretos de Estado.

En segundo lugar, debe recordarse que el gobierno del Partido Popular ha financiado dicho archivo (durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se suspendieron las subvenciones). De esta manera, la FNFF ha recibido subvenciones para el proyecto de descripción y reproducción de los fondos de su Archivo en cuatro convocatorias. Entre el año 2000 y el año 2003, durante la presidencia de Jose Mª Aznar recibió un total de 146.811,92 €. Es cierto que, a cambio de estas ayudas, los documentos digitalizados y el inventario de los mismos se pueden consultar en el Centro Documental de la Memoria Histórica [CDMH] de Salamanca. No obstante, el balance final de esta iniciativa es que la Fundación posee los documentos originales y los archivos públicos tienen una copia.

En tercer lugar, el tratamiento archivístico lo dirige la Fundación y los archivos públicos reciben un inventario supuestamente completo del trabajo realizado. Se debe exigir que la documentación pública esté custodiada en los archivos públicos. En este sentido, debe recordarse que dicha Fundación es además claramente partidista. La preside la hija del dictador, Carmen Franco Polo y la entidad promueve la memoria del difunto autócrata y, según manifiesta su web, “defiende la verdad en estos dos frentes: el personaje histórico y su legado, cumpliendo su función a pesar de las dificultades”. Vistos tales fines, parece plausible plantear la posibilidad de que hayan sido apartados de la consulta materiales que puedan empeñar esta visión ideologizada del personaje que se desea transmitir.

En cuarto y último lugar, el gobierno ha reaccionado con un nuevo despropósito al problema planteado por el grupo de Unidos-Podemos: en lugar de proceder a extraer inmediatamente de la FNFF los documentos problemáticos por su carácter secreto, los ha dejado en custodia a dicha entidad, aunque pidiéndole que los retire del acceso público. Lo lógico es, a todas luces, que los secretos de Estado sean custodiados por el propio Estado y no por un ente partidista.

El resultado final de esta actuación es que los ciudadanos no podemos acceder a los documentos, cuando -al fin y al cabo- somos en última instancia los auténticos propietarios. Llegados aquí, dejando al margen el espinoso tema de la ideologización de la FNFF, desde nuestra óptica estimamos que como principio rector los documentos de titularidad pública (por ende, los documentos secretos) deben estar en manos del Estado y proceder de forma ordenada a su desclasificación. No caben medias tintas a la hora de abordar el tema.

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