La verdad social

Francesc Giménez Martín

Responsable de gestión documental y archivo del Ajuntament de Sant Cugat del Vallès y profesor de la ESAGED

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Conocimiento. Autor: Javier https://flic.kr/p/8e9UyV

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Vivimos en la época de la información, según los analistas, una época en la que la sociedad necesita y pide el dato al instante. De hecho, aunque el término más aceptado es el de la Sociedad de la Información, cabe señalar la consideración que ya en 2003 hizo Abdul Waheed Khan, subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la Información, sobre el concepto de Sociedad del conocimiento: “Information society is the building block for knowledge societies. Whereas I see the concept of ‘information society’ as linked to the idea of ‘technological innovation’, the concept of ‘knowledge societies’ includes a dimension of social, cultural, economical, political and institutional transformation, and a more pluralistic and developmental perspective. In my view, the concept of ‘knowledge societies’ is preferable to that of the ‘information society’ because it better captures the complexity and dynamism of the changes taking place. (…) the knowledge in question is important not only for economic growth but also for empowering and developing all sectors of society“. Conocimiento, en toda su holística, pero conocimiento instantáneo.

La necesidad del dato al momento, rápido y gratuito, muchas veces no conlleva la veracidad intrínseca del documento que contextualiza el dato. No es importante cómo se ha elaborado un documento o si este mismo cumple la integridad, autenticidad y fiabilidad documental necesaria, como podemos ver en casos de difusión de borradores que, no por serlo, se han desestimado como noticiables. No, lo importante es el dato, el impacto y ser el primero en difundirlo. La validación de su veracidad no recae en el propio documento sino en el valor que la sociedad le otorga como prueba fidedigna. Si la Sociedad sentencia, la veracidad pasa a segundo término. En la Sociedad del conocimiento, la aprobación social sobrepasa la veracidad documental. Ejemplo de ello lo tenemos en noticias epistolares públicas tan poco frecuentes como las cartas entre el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, el Excelentísimo Sr. D. Mariano Rajoy Brey y el Sr. Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia. En todas ellas, no hay ninguna intención de mostrar los documentos como veraces, el contenido supera el continente y el procedimiento queda en segundo plano. Así es como, con la información publicada, no se pueden realizar verificaciones de firmas (sin poder identificar si detrás de la imagen hay firmas digitales como la ley 40/2015 marca ya en el preámbulo donde se especifica “la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos”), no hay traza de los registros de entrada y salida correspondientes, no se indica el procedimiento vinculado (solo una posible referencia en la respuesta del Sr. Gianni Buquicchio), entre otras. De hecho, la verificación final llega por el contexto y por la asunción de su veracidad por parte de los autores. Es por ello que la gestión documental que determina la veracidad documental y, por extensión, la calidad del procedimiento vinculado, queda relegada a su tramitación interior.

La Sociedad del conocimiento se articula por medio de la capacidad de interactuar con las tecnologías, generadoras y divulgadoras de información, enfocando su atención en la generación de cambio social. Según este enfoque, el conocimiento es la base de los procesos sociales. Pero dicho conocimiento, según N. Stehr (2000), si no es verificado, conlleva el creciente desconocimiento del no-conocimiento. La información circula en nuestra sociedad sin control y la opinión social es la que ejerce de juez para determinar si una información es conocimiento o simple accesorio. Es por ello que, ante la proliferación de la tendencia a publicar sin validar, el control de la veracidad documental (no así la veracidad pública) queda relegado a su creación, y es en ella donde la figura del gestor documental, del document controller, del responsable de la gobernanza de la información, tiene su papel preponderante. Ejercer dicha función permite tener en cuenta la función garantista de la documentación y ofrecer conocimiento auténtico a la sociedad para que, a partir de la participación activa, cree legítimos arsenales de empoderamiento social.

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