Ojo al cerrojo

Alan Capellades Riera

Técnico superior de archivo del Archivo Histórico de Terrassa – Archivo Comarcal del Vallès Occidental

La semana pasada asaltó a la comunidad archivística un hecho gravísimo: la denegación de acceso a documentación de la Guerra Civil que hasta ahora era de libre acceso.

Desde el día 2 de abril los responsables del Instituto de Historia y Cultura Militar, responsable orgánico del Archivo General Militar de Ávila donde se custodian los fondos del Ejército de Tierra relativos a la Guerra Civil Española y la División Azul, entre muchos otros (cuadro de fondos), han ordenado denegar el acceso a aquellos documentos que tengan alguna marca de restricción de origen, es decir, los sellos de reservado, secreto o alto secreto. La dificultad que implica la aplicación de este criterio, posiblemente ha supuesto que desde el mismo día 2 de abril no se atienda al público sin cita previa. El personal no ha recibido ninguna orden por escrito u comunicado oficial.

El Instituto de Historia y Cultura Militar deniega, pues, el acceso acogiéndose para ello a la Ley de Secretos Oficiales 9/1968, aplicando el artículo 57.1.a de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

…serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.

Pero cometen un error grave, ignoran que la Ley de Secretos Oficiales no puede aplicarse retroactivamente. Este es el error de interpretación que han cometido los responsables del Instituto. Ciertamente, podría darse la restricción de modo puntual mediante el artículo 67 del Reglamento de Archivos Militares, a partir del cual el director puede denegar el acceso a consultas concretas de documentación que “a su juicio” puedan afectar a la defensa y seguridad del Estado. Si se diera el caso, esta restricción puntual debería formalizarse mediante resolución definitiva previo informe de la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa. Pero no es el caso, se trata de una decisión tomada por el Instituto de Historia y Cultura Militar.

Pero seamos sinceros, el mayor error cometido es lo que se esconde detrás de subterfugios jurídicos, faltar a la finalidad principal de un archivo, el acceso a la información. ¿Por qué ocultar algo que desde hace menos de 15 días era de acceso público? Me niego a creer que las razones sean las de seguridad y defensa del Estado. ¡Señores, los documentos tienen más de 75 años! Entonces si la motivación no puede ser ni la jurídica ni la de seguridad, la única que nos queda es la ideológica. Si fuera así, estaríamos ante una situación grave, muy grave.

No es la primera vez que recibimos noticias alarmantes por parte de Defensa en lo relativo a la gestión de sus archivos, como el cierre del Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, alegando falta de personal. Este hecho puso en evidencia los pocos recursos que invertía el Ministerio en lo referente al acceso y preservación de su propio pasado.

Obviamente esta situación ha generado ya algunas reacciones en contra: el comunicado de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, una pregunta a la mesa del Congreso por parte de Izquierda Unida, y un alud de apoyos públicos a los archiveros de Defensa por parte de usuarios y colegas de profesión a través del perfil de twitter @ArchiMilEsp.

Bien, estos son los hechos. Podemos seguir con ello, ignorarlo, dejarlo pasar con una mueca de desdén, incluso pensando “claro, los archivos militares van a la suya, tienen un sistema propio, qué vamos a hacerle, es lo que hay”. No es la mejor opción, aunque sea la más fácil. Pero, ¿en qué lugar nos dejaría como profesionales? Pésimo, sin lugar a duda. Debemos denunciarlo, contarlo, aportar argumentos técnicos que pongan en evidencia la arbitrariedad escondida detrás de argumentos jurídicos. Inundemos todos los canales de comunicación al alcance con la noticia, para que los políticos y sus redes clientelares sepan que los archiveros estamos alerta. Colegas, ojo al cerrojo.