El derecho al olvido como oportunidad archivística

Vicenç Ruiz Gómez

Archivero del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona y profesor de la ESAGED

Lo confieso. Como archivero doy gracias cada día al “derecho al olvido” porque ha conseguido evidenciar para todo el mundo la falta de neutralidad en los criterios de búsqueda de Google. Es curioso que ahora nos escandalicemos porque un “panel de expertos” de esa compañía decidirá qué enlaces se rompen a qué datos personales, pero que (casi) nadie proteste cuando sus opacos algoritmos moldean sigilosamente los resultados cada vez que clicamos en ese demiúrgico buscador.

Estamos ante una excelente oportunidad para reivindicar el rol de nuestra profesión, si realmente creemos que aportamos algo más de valor que un lector OCR. Pero, eso sí, debemos abandonar de una vez por todas la aproximación “historicista” a la cuestión. El problema no es, como a menudo se sostiene también desde tribunas archivísticas, que este “derecho” pudiera acabar destruyendo patrimonio documental para el futuro (de eso ya se encargará la falta de políticas de preservación digital serias en las organizaciones, tranquilos), sino que, especialmente, las administraciones se tomen en serio garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos y acepten, por tanto, el reto de ofrecer la información a partir de criterios que primen más su contexto que no su contenido. Y ahí es donde entra de lleno el núcleo duro de nuestro conocimiento: la Universitas Rerum de Cencetti reloaded.

El vínculo archivístico debe fortalecerse y visibilizarse aún más en ambiente digital para dar garantía de integridad y fiabilidad a los resultados de búsqueda en los portales de la administración (y de toda organización que pretenda ganarse la confianza de sus clientes). Sólo estructurando los recursos disponibles online a partir de los instrumentos de clasificación y descripción que engloben todos los documentos generados, el usuario podrá tener la certeza de que “no ha sido olvidado nada”. Hay que publicitar el sistema de gestión documental para que el usuario sepa en qué contexto se ha producido la información que busca y, como es el caso de los datos personales afectados, sepa también dónde y cómo hay que buscarlos más allá de teclear el nombre en cuestión.

Así, Google, o cualquier otro buscador, podrá seguir enlazando resultados relevantes y, aún mejor, mediante la vinculación de datos generados en un sistema de gestión documental, es decir, de calidad, y abiertos entre administraciones se podría conseguir que los usuarios confíen más en los buscadores diseñados por técnicos al servicio de la ciudadanía que no en aquellos al servicio de las acciones en bolsa.

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